INGRESO MÍNIMO VITAL

Nueva prestación desde 462,00€ hasta los 1.015,00€

¿QUÉ ES LA RENTA MÍNIMA?

La renta mínima vital es una prestación no contributiva de la Seguridad Social, de carácter familiar y, tiene por objetivo garantizar unos ingresos mínimos a aquellas personas o unidades de convivencia que carecen de ellos o que cuentan, por estar en una situación de vulnerabilidad, con unos ingresos muy bajos.

El umbral mínimo fijado es de 462,00€ y, cuando se trate de una unidad de convivencia que lleve al menos un año constituida como hogar, esta cantidad incrementará en 139€/mes por cada persona adicional, ya sea un menor o un adulto, hasta un máximo de 1.015,00. Además, se ha diseñado un complemento de 100 €/mes para las familias monoparentales.

 

¿QUIÉN LA PUEDE SOLICITAR?

El ingreso mínimo vital se otorgará en función de la renta familiar, calculada de acuerdo con el patrimonio neto, restando las deudas y sin incluir la vivienda habitual.

Es decir, para poder acceder a esta prestación, los ingresos totales percibidos en el año anterior deben ser inferiores a 10.500,00€.

El límite de patrimonio para una persona adulta que viva de forma independizada se situará en los 16.614,00€, una cuantía que se va incrementando dependiendo de cada unidad de convivencia que se encuentre en situación de pobreza hasta alcanzar los 43.196,00€.

El criterio establecido para postular a esta prestación, establece que hay que tener entre 23 y 65 años o, en el caso de tener un menor al cargo, tener al menos 18 años y haber tenido residencia legal en España durante un año y que las estancias en el extranjero no superen los noventa días naturales por cada año.

Sin embargo, siempre debemos contar con excepciones en lo que respecta a la condición de residencia legal para los menores que se encuentren en situación de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente, los solicitantes de protección internacional, las víctimas de trata de seres humanos o las mujeres extranjeras víctimas de violencia machista siempre que puedan acreditar dicha condición con la documentación apropiada.

Además, los solicitantes de dicha prestación deben cumplir los términos de situación de vulnerabilidad económica:

-      Carecer de rentas, ingresos o patrimonio suficientes;

-      Haber solicitado en el pasado las pensiones y prestaciones vigentes a las que pudieran tener derecho y,

-      Si no están empleados, deben figurar como demandantes de empleo.

 

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